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Que pague más quien contamina más. Comentario.

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El que contamina más, que pague más

EL QUE CONTAMINA MÁS, QUE PAGUE MÁS

José Eizaguirre. Parece lógico, ¿verdad? El que contamina más, que pague más impuestos, para así poder compensar con esa recaudación el daño causado al bien común (siempre, claro está, que ese dinero se dedique a compensar el daño causado y no a otras cosas). Y el que contamina menos, que pague menos.

Éste es uno de los principios de la Economía del Bien Común, que podríamos también llamar “economía del sentido común”. ¿Para qué recauda impuestos el Estado? Para dedicar ese dinero al bien común. Por eso, en determinados casos, cuando una entidad ya está contribuyendo al bien común se le eximen de algunos impuestos. Éste es el principio por el que, por ejemplo, las fundaciones en España están exentas del Impuesto de Sociedades, ya que tienen la obligación de destinar sus beneficios a fines que se han declarado de utilidad pública.

El papa Francisco, en la encíclica Laudato si’, recuerda que “el clima es un bien común, de todos y para todos. (…) Numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana” (LS 23). “Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros” (LS 24). “El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad” (LS 25).

Son expresiones contundentes. ¿Es alarmista el papa? La comunidad científica lleva décadas diciendo lo mismo. Estamos alterando el clima con nuestro modo de vida y si no revertimos la situación, las consecuencias van a ser catastróficas: “El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones” (LS 161).

Con estas premisas, no resulta difícil atar cabos. Algunos expertos llevan tiempo hablando de la necesidad de establecer tasas a las actividades contaminantes. Y una de esas actividades es la que se refiere al transporte. En una gráfica de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) se observa una comparativa de emisiones de gramos de CO2 por pasajero y kilómetro recorrido, teniendo en cuenta la ocupación media de algunos transportes. Así, vemos cómo la bicicleta (0 grs) y el tren convencional (14 grs) son los de menores emisiones (la gráfica no ofrece datos para el tren de alta velocidad). El autobús, algo más (68 grs), mientras que el avión el que más CO2 emite por pasajero y kilómetro (285 grs, veinte veces más que el tren convencional). Con estos datos, no sería difícil establecer grados diferentes de impuestos de modo proporcional y destinar esa recaudación a compensar los perjuicios ocasionados, por ejemplo, en el desarrollo subvencionado de energías renovables, en programas de reforestación o en transferencia de tecnología limpia a otros países.

Sin embargo, lo que vemos en España no guarda proporción con estos principios y, en algunos casos, tiene una proporción contraria. El IVA del transporte es el mismo para todos (en este momento, IVA reducido del 10%), con el agravante de que el transporte aéreo está privilegiado fiscalmente: los billetes de avión internacionales están exentos de IVA, así como el queroseno que utilizan las aeronaves.

¿No debería ser al contrario, que los medios de transporte que contaminan más paguen más impuestos? Y a este trato fiscal de favor habría que añadir la dimensión social: con esta legislación estamos favoreciendo un medio de transporte que solo pueden permitirse los que tienen más dinero.

En este contexto, hace unas semanas el Presidente del Gobierno anunció una bajada de tasas aeroportuarias. “Esta rebaja que en el conjunto del periodo [cinco años] será del 11%, persigue mejorar la competitividad de los aeropuertos españoles y contribuirá también a mantener la pujanza de nuestro potente sector turístico”, dijo Mariano Rajoy justo una semana antes de que el Instituto Nacional de Estadística publicara que, sin necesidad de modificar las tasas de aeropuertos, “la llegada de turistas extranjeros a España es imparable y vuelve a batir su récord histórico. En el 2016, séptimo año consecutivo de subidas, ha alcanzado los 75,6 millones de visitantes internacionales, esto es un 10,3% más que hace un año”. Según el mismo INE, de estos 75,6 millones de turistas internacionales que llegan a España, 60,5 lo hacen en avión.

¿No debería ser al contrario? ¿Hacer pagar más impuestos a quienes viajan en medios de transporte más contaminantes -sobre todo el avión- y bajarlos a quienes viajan en los que contaminan menos? O, por ejemplo, puesto que los trenes de alta velocidad necesitan más energía -y, por tanto, contaminan más- por kilómetro que los convencionales, el IVA de estos debería ser menor que el de aquellos. O eximir de IVA las ventas de bicicletas… No es difícil legislar de esta manera; lo que hace falta es querer hacerlo. Una revisión de la política fiscal en función de estos criterios, además, serviría mucho para concienciar a la población de la contaminación que hay detrás de nuestra movilidad. Como dice la propia AEMA: “Los precios pueden proporcionar un impulso adicional para que el usuario utilice un modo de transporte más ecológico. La fiscalidad aplicada a modos de transporte más contaminantes los encarece y tiende a reducir su demanda. Lo contrario es válido en el caso de opciones más limpias: reducir los impuestos puede atraer a un mayor número de usuarios hacia un transporte más limpio”.

¿Qué podemos hacer para llegar a una situación así de deseable? Como ciudadanos, tener en cuenta estos criterios a la hora de elegir a nuestros legisladores y, una vez elegidos, ejercer una sana presión sobre el poder político. “La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control de los daños ambientales” (LS 179). Y dar a conocer y apoyar con nuestro dinero a esas organizaciones y entidades: “Es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales” (LS 38).

Y, por supuesto, como personas concienciadas y sensibles, no hacer viajes innecesarios y elegir nuestros medios de transporte en función de su menor contaminación. Y una propuesta más. Mientras llega ese día en que los impuestos (en este caso, al transporte) serán inversamente proporcionales a su contribución al bien común, ¡tomemos la iniciativa! Por ejemplo, cada vez que compremos un billete de avión, sobre todo para vuelos internacionales, que nos hubiera costado un 10  de IVA más, hagamos un donativo de ese 10% para esas organizaciones de la sociedad civil que están combatiendo el cambio climático. Aunque nadie nos lo exija, sabiendo que en justicia deberíamos haberlo pagado (¡y veinte veces más que si viajáramos en tren!), paguémoslo voluntariamente, asegurándonos que ese dinero se destinará a compensar el daño causado al clima, “un bien común, de todos y para todos”. Parece lógico, ¿verdad?

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Autor: loiolaxxi

periodista, jesuita, bloguero, profesor, jubilado

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