Loiola XXI

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Refugiados: la catástrofe humanitaria de hace un año.

Hace un año…

adaptive-imagesFrancesc Mateu. Hace poco más de un año, una embarcación naufragaba en el Mediterráneo y morían sus 800 ocupantes. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas eran. Con la noticia, la imaginación vuela sola a la fotografía que ganó el World Press Photo.

Hay que pasar un rato mirando detenidamente esta foto, fijándose -uno por uno- en los miembros de la embarcación. Sólo así conseguiremos que el 800 sea algo más que un número. El 18 de abril, justo un año después, pudimos dibujar 800 siluetas en la calle en Barcelona. Impresionaba ver lo que ocupaban 800 siluetas.

Hace un año, la reacción popular generó la plataforma Stop Mare Mortum porque los dirigentes europeos y españoles no reaccionaban. La aparición de Stop Mare Mortum es una señal de esperanza y vitalidad de la ciudadanía.

Aunque el impacto fue alto, es escandalosa la comparativa de las horas de información, las horas de duelo y las medidas para evitar que se repita, entre estas 800 muertes y las 130 de los atentados de París y Bruselas. A pesar de que no conocíamos ni a unos ni a otros, todo el entorno nos hace sentir que el pasaporte es más importante que la condición humana, que es lo que compartimos con todos por igual

Y estas 800 personas sólo fueron las primeras de una larga lista. El Mediterráneo -donde hemos abandonado a los que navegaban buscando refugio- se ha llevado por delante muchas más vidas. El día del aniversario -sin ir más lejos-, 400 más. Y este año ya llevamos más de 1.300.

Las que han llegado, superando la dura prueba del mar, no han sido mejor acogidas por las autoridades. Pese a que rara vez han faltado voluntarios -a veces tantos que asustaban a los que llegaban-, los gobiernos, insensibles a la reacción popular, han cerrado fronteras, apresado personas y voluntarios, levantado muros y alambres de púas y cuchillas, lanzado gases lacrimógenos y pelotas de goma, y ampliado mediáticamente noticias racistas y xenófobas.

Mientras tanto, la gente de buena voluntad les está ofreciendo de todo para que lleguen y los está esperando. Porque en el fondo nosotros somos de resolver los temas. Y nos desespera ver que el tema no se resuelve. Mientras los gobierno ni se mueven, hemos votado como catalán del año a Oscar Camps por la tarea de salvar vidas en el Mediterráneo, y la iniciativa solidaria del año ha sido Stop Mare Mortum.

Y nos hacemos repetidamente las mismas preguntas: ¿Qué debemos hacer pues? ¿Alguien nos lo puede explicar y dejarnos de atormentar con el tema? ¿Por qué los gobiernos no hacen nada?

Y hay dos cosas que son importantes y hay que tener en cuenta.

1. No es un problema simple y, por lo tanto, la respuesta tampoco lo será. De entrada, el tema sólo se resolverá de verdad poniendo fin a la guerra. El resto son “tiritas”. Para complicar la solución, los refugiados que más necesitan acogida no son los que llegan. Son una parte de los que quedan en Siria, Líbano o Jordania, que son los más vulnerables. Y para cerrar el sudoku, los gobernantes creen que los ciudadanos no queremos a los refugiados y que si los traen, no les volveremos a votar. Son tres problemas que no resolveremos fácilmente.

2. Hace muchos años que en el mundo se dan estas situaciones, desgraciadamente. Hace muchos años que tenemos injusticias similares y reacciones humanas incomprensibles. Y la única diferencia que hay entre la prisa que tenemos por resolver el tema y el hecho de ignorarlo hasta el año pasado, es que ahora los vemos en nuestras playas y en nuestras noticias. Es tan injusto si el refugiado es sirio como si es de la República Centroafricana, de Burundi, del Kurdistán, saharaui, palestino, somalí o de Afganistán. Todos son personas y nuestra esencia humana puede conectar exactamente igual.

Con estas dos variables siempre en el horizonte tenemos que:

    • exigir a los gobiernos que trabajen para acabar con las guerras,
    • pedir que acepten sin dudar a los que ya tenemos en Europa -aunque no sea lo más justo-,
    • exigir que también vengan desde Siria un porcentaje de aquellos que más lo necesitan,
    • y, sobre todo, exigir más justicia y coherencia en la política exterior para ir a las causas de los problemas.

Y hagámoslo sabiendo que será el primer paso para hacernos todos juntos un poco humanos. Las prisas asistenciales son malas consejeras. Esto es una carrera de fondo para entender que quien verdaderamente debe madurar y actuar es nuestra propia humanidad. Sabremos que hemos madurado cuando la distancia al sufrimiento no sea el único determinante de nuestra acción.

A pesar de todas las consideraciones, que no nos engañen y confundan más, ¡los queremos aquí ya!

Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones y NO votaremos a nadie que no dé un mensaje inequívoco de que los quiera traer. En la última campaña para las generales ni se tocó el tema y así seguimos, sin hacer nada.

Esta campaña no puede pasar sin un compromiso claro de cada partido y no podemos ir a votar sin tener presente este tema. Y haremos este voto humano y responsable, por los que han venido a Europa y los que no, por los sirios y los que no lo son, los que han entrado por Grecia, por Italia o por Melilla, y por los que vienen por la guerra o por el hambre. Lo haremos por las personas.

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Imagen extraída de: CC


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Gobierno y oposición en el Congo

CONGO RD – Moïse Katumbi desde Sudáfrica sigue siendo un adversario del presidente Kabila

martes, 31 mayo 2016política  

Kinshasa (Agencia Fides) – “Si el Presidente Joseph Kabila quería deshacerse de Moïse Katumbi lo ha conseguido, al menos temporalmente. Lejos del Congo, Katumbi se encuentra como en el exilio y políticamente fuera de juego”, afirma la nota enviada a la Agencia Fides por la Red Paz para el Congo en la que se hace referencia a las acusaciones realizadas contra el candidato principal de la oposición para las elecciones presidenciales de la República Democrática del Congo, Moïse Katumbi, ex gobernador de Katanga, quién según dichas acusaciones, habría reclutado a cientos de mercenarios extranjeros para tomar el poder por la fuerza.
Una acusación que Katumbi ha desmentido, declarando que ha recurrido a contratar guarda espaldas privados porque los agentes de policía que le habían asignado para su seguridad le habían sido retirados tras su salida del Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), el partido político principal de la coalición de gobierno. Cuatro hombres de su escolta privada fueron detenidos el 24 de abril en Lubumbashi, acusados de ser mercenarios a su servicio.
El único liberado es un ciudadano estadounidense, Darryl Lewis, mientras que los otros tres son congoleños.
El 4 de mayo, el ministro de Justicia, Alexis Thambwe Mwamba, declaró que había ordenado una investigación sobre el “reclutamiento de mercenarios” extranjeros, muchos de nacionalidad estadounidense, “al servicio de Moïse Katumbi. Después de dos interrogatorios, Moïse Katumbi fue convocado para una tercera audiencia, suspendida y aplazada a un momento por definir, tras una serie de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y sus seguidores, mientras lo acompañaban al tribunal. Tras los disturbios, el mismo Moïse Katumbi tuvo que ser ingresado en un hospital de la ciudad de Lubumbashi.
Mientras tanto, Katumbi ha sido oficialmente acusado de “atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado” y, por lo tanto, puesto bajo “orden de detención provisional”.
Moïse Katumbi ha solicitado y obtenido del Procurador de la República el permiso para salir del país, para continuar el tratamiento médico en un hospital de Johannesburgo, en Sudáfrica.
“Para no perder la confianza y la popularidad adquirida en las últimas semanas como adversario número 1 del presidente Kabila”, Katumbi no podrá permanecer en Sudáfrica durante mucho tiempo”, dice la nota.
“Este ‘break’ en Sudáfrica debería permitirle obtener no sólo los cuidados médicos que necesita, sino también del tiempo necesario para preparar su defensa ante el tribunal y definir su estrategia de retorno a la escena política del país, para formar, junto las otras fuerzas de oposición, una alternativa creíble al régimen actual” concluye la nota. (L.M.) (Agencia Fides 31/5/2016)


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Fuerte incremento del número de desplazados en Afganistán.

  amnistia-internacional-logo

Afganistán: Duplicado el número de desplazados internos en tres años

© AI

31 de mayo de 2016

El número de personas que, en Afganistán, han huido de la violencia y permanecen atrapadas en su propio país –donde se encuentran al límite de la supervivencia– se ha duplicado espectacularmente a lo largo de los últimos tres años, según destaca un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional.

Nada menos que 1,2 millones de personas se encuentran internamente desplazadas en Afganistán a día de hoy: un incremento dramático respecto a las aproximadamente 500.000 de 2013. Los afganos constituyen ya una de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo: se calcula que 2,6 millones de personas con ciudadanía afgana viven fuera de las fronteras del país.

El nuevo informe de Amnistía Internacional, ‘My Children Will Die This Winter’: Afghanistan’s Broken Promise to the Displaced, arroja nueva luz sobre las víctimas olvidadas de la guerra del país que han huido de sus casas pero permanecen desplazadas dentro de las fronteras nacionales.

 

“Incluso tras huir de sus casas en busca de seguridad, un número cada vez mayor de personas afganas se consumen en condiciones atroces en su propio país, y luchan por su supervivencia sin vislumbrar el final.”

La investigación realizada por Amnistía Internacional concluyó que, pese a las promesas formuladas por los sucesivos gobiernos afganos, las personas internamente desplazadas de Afganistán siguen careciendo de cobijo, comida, agua, atención médica y oportunidades de educación y empleo.

“Ni siquiera un animal viviría un sitio como este, pero nosotros tenemos que hacerlo” dijo a Amnistía Internacional Mastan, una mujer de 50 años que vivía en un campamento en Herat. “Preferiría estar en la cárcel que en este lugar; al menos en la cárcel no tendría que preocuparme por la comida y el cobijo.”

La situación se ha deteriorado dramáticamente en los últimos años, y cada vez hay menos ayuda y artículos de primera necesidad, como la comida, disponibles.

En 2014 se lanzó una nueva política nacional sobre personas internamente desplazadas que podría ser una tabla de salvación para quienes han tenido que desplazarse, pero que apenas se ha implementado, obstaculizada por la presunta corrupción, la falta de capacidad del gobierno afgano y el desvanecimiento del interés internacional.

Desalojos forzosos
Pese a que las autoridades afganas han prometido mejorar las condiciones en las que viven las personas internamente desplazadas, Amnistía Internacional ha concluido que los desalojos forzosos –ya sea por parte del gobierno o de actores privados– constituyen una amenaza diaria.

El 18 de junio de 2015, primer día del Ramadán, un grupo de hombres armados vestidos con ropas militares amenazaron con arrasar con excavadoras el campamento de Chaman-e-Babrak, en Kabul. Un anciano protestó por el intento de desalojo forzoso, y pidió a unos policías cercanos que detuvieran la acción de las excavadoras. Los hombres armados lo golpearon, lo que provocó una manifestación de protesta.

Como respuesta, según afirman los residentes, la policía y los hombres armados abrieron fuego contra las personas internamente desplazadas: mataron a dos de ellas e hirieron a diez. Entre los heridos había un niño de 12 años. No se ha llevado a cabo ninguna investigación, y nadie ha comparecido ante la justicia.

Una vida al límite de la supervivencia
La mayoría de las comunidades de personas internamente desplazadas carecen de acceso a instalaciones básicas de salud. Estas personas, que sólo disponen ocasionalmente de clínicas móviles gestionadas por ONG o por el gobierno, a menudo se ven obligadas a buscar una atención médica privada que no se pueden permitir.

“Si enfermamos, tengo que mendigar para conseguir algo de dinero con el que ir a clínicas privadas”, dijo a Amnistía Internacional una mujer de 50 años en Herat. “No tenemos otra opción.”

Al carecer de una fuente de ingresos estable, las personas internamente desplazadas pueden encontrarse con grandes deudas. En un caso, un padre dijo a Amnistía Internacional que había tenido que pedir prestados 20.000 afganis (292 dólares estadounidenses) para pagar una operación de su hijo. “Es una suma enorme de dinero para nosotros”, dijo.

Pese a que, según la política de 2014 y las obligaciones contraídas por Afganistán en virtud del derecho internacional, las personas internamente desplazadas tienen derecho a pedir y recibir comida, agua y ropa adecuada, el gobierno afgano no ha proporcionado un acceso fiable a los artículos de primera necesidad. La gente se ve obligada a recorrer largos trayectos diarios para buscar agua, y tiene que luchar para conseguir una comida al día.

“Aquí la comida es un lujo, nadie puede permitírsela”, dijo Raz Muhammad, líder comunitario del campamento de Chaman-e-Barbak, en Kabul. “Vivimos principalmente de pan y verduras en mal estado desechadas del mercado. La última vez que recibimos ayuda alimentaria fue antes del invierno pasado, cuando recibimos tres sacos de trigo.”

Desde que tuvieron que abandonar sus hogares, la educación de los hijos e hijas de las personas internamente desplazadas se ha interrumpido, y los adultos se han visto reducidos a una situación de desempleo crónico.

“Las personas internamente desplazadas no deberían sufrir discriminación de ningún tipo”, ha manifestado Champa Patel. “Deberían tener el mismo acceso a oportunidades de educación y empleo que el resto de la población afgana.”

La política sobre personas internamente desplazadas establece que ningún a niño o niña desplazado debe negársele la educación aunque no puedan permitirse artículos básicos como libros escolares, uniformes u otros materiales educativos.

Sin embargo, en la práctica, la carga económica que soportan estas personas significa que a menudo los niños o niñas tienen que trabajar para ayudar a sus familias, por ejemplo, lavando automóviles, limpiando zapatos a cambio de dinero, y recogiendo bolsas de plástico para revenderlas.

“Los problemas económicos de las familias desplazadas se ven agravados”, ha manifestado Champa Patel. “Han perdido sus fuentes tradicionales de sustento, y las pocas oportunidades que tienen son de trabajo informal, lo que da lugar a circunstancias en las que las mujeres se ven excluidas y los niños y niñas sufren explotación y no pueden acceder a la educación.”

La política sobre personas internamente desplazadas: Una promesa incumplida
La política de 2014 sobre personas internamente desplazadas expone sobre el papel los derechos de estas personas, así como un plan de acción concreto que el gobierno afgano debe poner en práctica. Sin embargo, la política ha cumplido sus promesas y, hasta el momento, ha supuesto un escaso beneficio para las personas desplazadas.

Hay muchas razones para esta falta de implementación; para empezar, el gobierno afgano sufre una enorme falta de capacidad y experiencia en lo que se refiere a las personas internamente desplazadas. El Ministerio de Asuntos de los Refugiados y Repatriación, encargado de coordinar la implementación de la política, tiene unos recursos muy por debajo de los necesarios, y lleva años asediado por denuncias de corrupción.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional no ha intervenido todo lo que podría cuando el gobierno afgano no ha sido capaz de hacerlo. Ahora que otras crisis atraen la atención mundial y el dinero de los donantes, la ayuda a Afganistán se está reduciendo. La ONU ha pedido 393 millones de dólares estadounidenses en concepto de fondos humanitarios para Afganistán en 2016: la cifra más baja desde hace años pese a la terrible situación humanitaria. Hasta mayo, se había proporcionado menos de una cuarta parte de esos fondos.

Recomendaciones
Amnistía Internacional pide a las autoridades afganas y a la comunidad internacional que garanticen de inmediato que se satisfacen las necesidades más urgentes de las personas desplazadas. Además, el gobierno afgano debe señalar como prioridad la implementación de la política sobre personas internamente desplazadas, y garantizar que se dedican en todo el gobierno recursos suficientes para hacerla realidad.

Asimismo, los actores internacionales clave en Afganistán deben hacer más por garantizar que se respetan los derechos humanos de las personas desplazadas, y dedicar más esfuerzo, experiencia y recursos a la implementación de la política.

“Todas las partes que han estado implicadas en Afganistán durante los últimos 15 años tienen la responsabilidad de reunirse y asegurarse de que las mismas personas a las que la comunidad internacional se dispuso a ayudar no son abandonadas a una suerte aún más precaria”, ha manifestado Champa Patel.

“Afganistán y el mundo deben actuar ya para poner fin a la crisis de desplazamiento del país, antes de que sea demasiado tarde.”


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Amn. Int. denuncia el sistema de asilo de España

españa

Las personas refugiadas que llegan a España no se merecen un sistema de asilo arbitrario, discriminatorio e ineficaz

Personas refugiadas frente al CETI de Melilla en un campamento improvisado © Amnistía Internacional
  • Nueva investigación pide a las autoridades españolas que reformen su sistema de acogida y asilo, y cumplan inmediatamente con sus compromisos para reubicar a un número adecuado de personas que se encuentran en Grecia e Italia y reasentar a las que están en países como Jordania, Líbano o Turquía
  • Las personas refugiadas y solicitantes de asilo se encuentran a su llegada a España un laberinto que dificulta su acogida e integración a medio y largo plazo
  • Más de 50.000 personas y 900 organizaciones en España han firmado el manifiesto YoAcojo, mostrando su solidaridad con las personas refugiadas

31 de mayo de 2016

Madrid.- Un sistema discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz que puede llevar a las personas a la indigencia a medio plazo. Así describe Amnistía Internacional el sistema de acogida y asilo en España, que recibe estos días, a las primeras personas refugiadas procedentes de Grecia. La organización lanza un nuevo informe, “El asilo en España: un sistema poco acogedor”en la que pide al gobierno que tome medidas concretas para reformar el sistema, que no se adecua a los estándares internacionales ni al apoyo social a darles la bienvenida, tal y como demuestra la reciente encuesta de la organización, así como diversas iniciativas impulsadas por ayuntamientos y Comunidades autónomas.

“España no está dando la bienvenida que se merecen a las personas que huyen de la guerra y la persecución, de manera que puedan acceder a una acogida digna, un procedimiento de asilo justo y efectivo y su plena integración”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Tanto las personas que llegan por Ceuta y Melilla, y que se encuentran con un limbo en el que su derecho a la libre circulación a la Península está limitado y restringido; como aquellas que llegan por otras vías de manera espontánea, o los pocos que el gobierno trae a través del reasentamiento y la reubicación, tienen algo en común: las dificultades que se encuentran para su acogida digna y su posterior integración en el país“, añade.

La nacionalidad, una cuestión de privilegio

La organización denuncia además como algunas nacionalidades tienen mayores dificultades para que sus peticiones de asilo sean estudiadas, así como para acceder a los procedimientos de asilo que otras. Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, en su último informe sobre España, ha mostrado preocupación por el hecho de que solicitudes de asilo de personas provenientes de países en conflicto, en particular de países de África subsahariana, suelen tomar más tiempo para ser resueltas.

A esto habría que añadir un “criterio de prudencia”, que no se atiene a normas internacionales de derechos humanos, y por el cual muchas peticiones no se estudian a la espera de que la situación de derechos humanos mejore en los países de origen. Así, personas procedentes de Mali, Ucrania o de Territorios Ocupados Palestinos, entre otras, pueden ver su petición de asilo paralizada.

España da la espalda a la crisis
A pesar de encontrarnos ante la crisis más grave de personas refugiadas tras la 2ª Guerra Mundial, las autoridades españolas de diferentes gobiernos no han mostrado voluntad política para compartir su responsabilidad con el resto de miembros de la Unión Europea. La Ley de Asilo en España está obsoleta, y no ha incorporado las últimas Directivas Europeas en materia de asilo. Además, el reglamento de desarrollo de la Ley de asilo, seis años después, ni siquiera existe, por lo que las ayudas previstas para estas personas se están otorgando de manera desigual y arbitraria a través de normativa de menor rango.

“Mientras las personas esperan, algunas durante años, a que se resuelva su solicitud, hemos visto cómo las ayudas previstas para su acogida son insuficientes y no se adaptan a sus necesidades, algo que puede finalmente llevar a muchas de ellas a la indigencia”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional e investigadora del informe. Amira(nombre ficticio), de nacionalidad libia, tuvo que huir de su país por la persecución sufrida por sus creencias y activismo en favor de los derechos humanos de las mujeres. Solicitó asilo en marzo de 2014 y todavía sigue a la espera de una resolución. Durante los primeros seis meses obtuvo una ayuda, pero al cabo de ese tiempo se quedó en la calle sin más recurso que los 340 euros que se entrega en concepto de “ayuda de salida”.

Por otra parte la falta de entrevistas sistematizadas que tengan en cuenta los criterios de vulnerabilidad provoca que algunas de ellas no reciban la ayuda específica que necesitan. Maryam es un ejemplo. De nacionalidad siria, huyó de la guerra y de la violencia y maltrato por parte de su pareja. Durante el camino fue víctima de un intento de agresión sexual. Llegó sola a España, en una situación especialmente vulnerable. A pesar de los problemas que presentaba, no ha sido debidamente identificada ni ha tenido acceso una atención especializada ni apoyo psicológico. En la actualidad vive en un recurso para personas sin hogar.

El informe documenta también como, tras los primeros meses de acogida, las personas solicitantes de asilo quedan abandonadas a su suerte, enfrentándose a múltiples obstáculos como, por ejemplo, en el acceso a la vivienda. Cuando Drias, (nombre ficticio) sirio solicitante de asilo, habló con Amnistía Internacional, llevaba 9 meses en un centro de acogida de la administración, junto a su mujer, su hijo de 12 años y su hija de 7 años. Les habían comunicado ya que debían abandonar el centro, y la búsqueda de piso estaba siendo tan complicada que finalmente habían acudido a una agencia inmobiliaria a la que habían pagado 600 €, el dinero que el centro había ofrecido en concepto de “ayuda de salida”. Contaron a Amnistía Internacional que a la hora de alquilar un piso todo el mundo le pedía contrato, y que estaba esperando que la ONG que les apoyaría por unos meses más para pagar la fianza y el primer mes.

Finalmente, una vez acabada la segunda fase de acogida, las personas refugiadas quedan desamparadas, aun cuando siguen siendo solicitantes de protección internacional. Tampoco para las que la han obtenido existen ayudas específicas para su integración en el país.

Recursos desaprovechados

El laberinto al que se enfrentan las personas refugiadas y solicitantes de asilo se ve acrecentado por el hecho de que no existe una verdadera coordinación en el sistema de acogida en los niveles nacional, autonómico y regional, de manera que no se están utilizando de forma eficiente todos los recursos actualmente existentes, y que se han puesto a disposición de la administración central. La organización tiene en marcha un manifiesto en el que ya han firmado más de 50.000 personas y 900 organizacionespara recordar a las autoridades españolas que la gente quiere mostrar su solidaridad y exigir #YoAcojo.

Todo este apoyo social debe tener una respuesta por parte de las autoridades. Por un lado, el gobierno debe incrementar las cifras de acogida, agilizar el sistema de asilo y aprovechar los recursos que las Comunidades autónomas y entidades locales están ofreciendo. Por otro lado, las nuevas autoridades gubernamentales y parlamentarias que sean elegidas tras los comicios de junio deben evaluar y reformar en profundidad el sistema de asilo y acogida para que sea acorde con los estándares internacionales.


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La Santa Sede y la FAO.

La Santa Sede en la FAO: “Un alimento perdido es un alimento robado a los pobres”
Martes 31 May 2016 | 10:13 am

Naciones Unidas (AICA):

El lunes 30 de mayo, tuvo lugar un acto, organizado por la Misión de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dedicado a las “Iniciativas concretas para reducir la pérdida de alimentos en el contexto de la seguridad alimentaria. Un reto para la comunidad internacional”.

Entre los expositores intervino el presidente de Cáritas Internacional, cardenal Luis Antonio Tagle quien señaló que “los frutos de la tierra son para el beneficio de todos. Para ello es necesario adoptar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los pobres y los desfavorecidos”.

“El problema de la pérdida de alimentos está muy presente entre las preocupaciones de la Iglesia Católica como una de las cuestiones que dificulta la disponibilidad de alimentos para todos y, por lo tanto, socava el desarrollo”, comenzó diciendo el purpurado.

“En la práctica de las organizaciones de Cáritas, explicó el cardenal Tagle, uno de los retos para la ejecución de proyectos, en todos los niveles, es la pérdida de alimentos que los agricultores y las comunidades experimentan año tras año. La pérdida de alimentos se produce en todas las etapas de la cadena agrícola después de la cosecha, incluso durante el transporte del campo a la granja, durante la trilla o el descascarillado, durante el almacenamiento, durante el transporte al mercado y durante su comercialización”.

Y añadió: “Es especialmente perniciosa para los agricultores en pequeña escala cuya seguridad alimentaria y cuya capacidad de ganar dinero con su trabajo pueden verse seriamente amenazadas. Los frutos de la tierra son para el beneficio de todos. Para ello es necesario adoptar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los pobres y los desfavorecidos. De acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia Católica la propiedad privada está subordinada al destino universal de los bienes”.

“La experiencia de las organizaciones de Caritas demuestra que, a menudo, los pequeños agricultores no poseen la capacidad de gestionar las pérdidas posteriores a la cosecha. El derecho humano a una alimentación adecuada requiere la igualdad de acceso a los recursos para la alimentación; es decir, aparte de la propiedad de los bienes, la población rural debe tener acceso a los medios de educación técnica, al crédito, a los seguros y a los mercados”.

Esto –precisó el presidente de Cáritas Internacional- es también el tipo de acompañamiento que Cáritas ofrece a través de la promoción de métodos mejores de cosecha, de la formación en técnicas de cosecha y almacenamiento puntuales, de sensibilización sobre el derecho a la alimentación, así como en requerir de los gobiernos políticas y estrategias específicas que orienten la tarea de todos los involucrados en las pérdidas posteriores a la cosecha, desde los investigadores, extensionistas, representantes del sector privado, gobiernos, ONGs y agricultores”.

El cardenal Tagle mostró una serie de experiencias que Cáritas está llevando a cabo en Ecuador y en los Estados Unidos y concluyó señalando que Cáritas responde a una visión basada en el desarrollo humano que es integral y ecológico: los programas de Cáritas siempre están orientados a las personas más vulnerables y marginadas; aseguran el desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente, la salud y el bienestar humano y el fomento de la creación de empleo; su objetivo es conseguir la justicia social, mediante la creación de alianzas virtuosas basadas en la solidaridad y la cooperación, favoreciendo la inclusión social”.

Por su parte el Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, monseñor Fernando Chica Arellano, afirmó que “esta reunión deseó lanzar una acuciante llamada de alerta a la conciencia de la humanidad, para que nadie permanezca como un mero observador ante esta lacra, para que ninguna persona quede impasible viendo cómo multitud de hombres, mujeres y niños ponen en riesgo su sagrado derecho a la vida porque no tienen nada que comer o porque a duras penas se alimentan”.

“Si ante esta tragedia no actuamos, si preferimos el silencio o perseveramos en la ambigüedad, estará venciendo el egoísmo. Nuestra parálisis será el triunfo de intereses sesgados que acabarán condenando a los más vulnerables a morir de hambre o a un alto riesgo de malnutrición”.

“Aquí en la FAO –concluyó monseñor Chica Arellano- todos juntos quisimos proclamar con toda seriedad y convencimiento: en vez de perder alimentos, que todo se aproveche, que ningún producto se tire porque haya sufrido un deterioro superficial. Si logramos que ningún producto alimenticio se pierda, habremos pasado de la muerte a la vida. En efecto, frente a la pérdida de alimentos, que va unida simbólicamente a la muerte, hemos de promover la cultura del cuidado y el esmero, que ha de ir vinculada al fomento de la vida, de la solidaridad y de la ayuda a los más necesitados. Un alimento perdido es un alimento robado a los pobres y desfavorecidos”.

En el mundo hay 795 millones de personas que pasan hambre y se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. Por ello, la Misión de la Santa Sede ante la FAO organiza un acto para dialogar sobre iniciativas concretas para reducir la pérdida de comida

Alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año.

El dato contrasta con los cerca de 795 millones de seres humanos en el mundo que pasan hambre, es decir, una de cada nueve personas (Datos: Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, FAO, 2015).+


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Migración a Europa: Balance de cinco meses.

Más de 200.000 personas han cruzado el Mediterráneo de enero a mayo: ACNUR

Refugiados y migrantes rescatados en el Mediterráneo por los guardacostas italianos. Foto: ONUUNHCR/Patrick Russo

31 de mayo, 2016 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó hoy que al menos 880 personas murieron durante la última semana cuando intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.

El portavoz en Ginebra de la Agencia, William Splinder, señaló que el total de refugiados y migrantes que se han aventurado en ese viaje de enero a mayo asciende a 204.000.

En una conferencia de prensa, Splinder explicó que el personal de ACNUR calculó la cantidad de víctimas basándose en una serie de entrevistas en Italia con sobrevivientes de los naufragios y enfatizó que la cifra puede ser mucho mayor.

“Hasta el momento, 2016 ha sido un año letal. Unas 2.510 personas han perecido, comparadas con 1.885 fatalidades durante el mismo periodo del año anterior y 57 en los primeros cinco meses de 2014”, apuntó.

El portavoz subrayó que las probabilidades de morir que tienen quienes se embarcan en esa travesía son de 1 en 81, aunque para los que se embarcan en la ruta que va del norte de África a Italia, esa probabilidad es de 1 en 23.

Detalló que las embarcaciones que zarpan de Libia se caracterizan por el sobrepeso y en ocasiones transportan a más de 600 personas.

En este sentido, destacó la importancia de las operaciones de rescate y la urgencia de alternativas seguras para la gente que precisa de protección internacional.

Según los sobrevivientes, los traficantes de personas están muy activos desde Níger hasta Libia, donde muchos migrantes y refugiados pasan meses para poder embarcarse.

ACNUR reportó también que durante esa espera son frecuentes los abusos sexuales, la violencia de género y otros atropellos a los derechos humanos de los refugiados y migrantes.


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Un partido de fútbol por la paz.

El Papa anunció que el “Partido por la Paz” se jugará en La Plata el próximo 10 de julio

Lunes 30 May 2016 | 11:31 am

Ciudad del Vaticano (AICA):

En un acto que contó con la presencia de estrellas de fama internacional, como George Clooney, Richard Gere y Salma Hakek, el papa Francisco anunció la realización, en la Argentina, del “Partido por la Paz”.

El encuentro deportivo -que contará con el aval de la FIFA y es parte de las actividades de Scholas Occurrentes-, se llevará a cabo el próximo 10 de julio en el estadio único de La Plata, y tendrá como protagonistas a ídolos futbolísticos, jugadores en actividad y retirados, como Diego Maradona, Leonel Messi, Juan Sebastián Verón, Diego Forlán, Luis Suárez, Ronaldinho, Diego Milito, Martín Palermo y Marcelo Salas entre muchos otros.

El “Partido por la Paz”, se enmarca en la serie de acciones solidarias y benéficas que realizará la organización internacional Scholas Ocurrentes, que impulsa el Vaticano, por la integración social y la cultura del encuentro.

El anuncio del partido tuvo lugar en el marco del acto de clausura del VI Congreso mundial de la Fundación de Derecho Pontificio, Scholas Ocurrentes que reunió a 400 representantes de 190 países de los más variados sectores y ámbitos, como el deportivo, el artístico, referentes políticos y sociales y hasta jóvenes “youtubers”.

Los responsables de presentar la iniciativa fueron el ministro de gobierno bonaerense, Federico Salvai, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, en representación de los jugadores, el empresario Lisandro Borges, el médico Facundo Manes y el funcionario bonaerense Federico Suárez, organizadores del acto.

El “amistoso” será a total beneficio y la recaudación destinada a la Fundación Scholas, promovida e impulsada por el papa Francisco, para el financiamiento de sus proyectos socioeducativos con presencia en 190 países. +