“Las prisiones de Brasil son un verdadero desastre de derechos humanos”, opinó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch, “y la cantidad de ejecuciones policiales sigue siendo extremadamente elevada”.

En Río de Janeiro, en 2015 murieron 644 personas a manos de policías en servicio, lo que supone un aumento del 10 por ciento comparado con el año anterior. En São Paulo, agentes en servicio mataron a 494 personas durante los primeros nueve meses del año, y se registró así un aumento del uno por ciento con respecto al mismo período de 2014.

La policía habitualmente asevera que estas personas murieron en el marco de enfrentamientos armados, pero mientras algunas de esas muertes son resultado del uso legítimo de la fuerza, otras no lo son. Además, agentes de varios estados han sido acusados de participar en matanzas. Las alarmantes estadísticas de 2015 son el corolario de un año en el que, a nivel nacional, la cantidad de ejecuciones por policías en servicio y fuera de servicio aumentó casi un 40 por ciento, hasta superar las 3.000, mientras que el número de policías asesinados —casi 400— se redujo un 2 por ciento.

En el Informe Mundial, Human Rights Watch destacó que las cárceles de Brasil albergan a más de 600.000 personas, un número que supera en un 61 su capacidad oficial. El hacinamiento y la falta de personal suficiente imposibilitan que las autoridades penitenciarias puedan ejercer el control en muchos establecimientos, y esto expone a los internos a la violencia y a la actividad de pandillas, como fue documentado por Human Rights Watch en los estados de Pernambuco y Maranhão.

“Sin embargo, en un plano positivo”, prosiguió Canineu, “en numerosas jurisdicciones las personas arrestadas ahora son llevadas sin demora ante un juez, una medida que garantiza un derecho humano básico y podría además reducir la sobrepoblación en las cárceles y los casos de tortura”.

En el Informe Mundial 2016, de 659 páginas y su 26ª edición, Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En el ensayo introductorio, el director ejecutivo, Kenneth Roth, escribe que la propagación de los ataques terroristas más allá de Oriente Medio y los enormes flujos de refugiados provocados por la represión y el conflicto han llevado a muchos gobiernos a restringir los derechos, lo que se tradujo en medidas equivocadas para proteger la seguridad. Al mismo tiempo, los gobiernos autoritarios en todo el mundo, temerosos de la disidencia pacífica que a menudo se ve magnificada por las redes sociales, emprendieron su ofensiva más intensa en los últimos tiempos contra los grupos independientes.

En el marco de un programa piloto iniciado en 2015, los detenidos en las capitales de todos los estados de Brasil son llevados sin demora ante un juez, conforme lo exige el derecho internacional. Estas “audiencias sobre prisión preventiva” permiten que los jueces determinen si un detenido debería ser encarcelado o liberado hasta la fecha del juicio, lo cual podría contribuir a reducir la sobrepoblación carcelaria. Las audiencias sobre prisión preventiva también deberían reducir los casos de tortura policial, al otorgar a los detenidos la posibilidad de denunciar maltratos y a los jueces la oportunidad de examinar a los detenidos para detectar señales de abuso. En Río de Janeiro, casi el 20 por ciento de los detenidos que habían tenido una audiencia durante el primer mes del programa de ese estado indicaron que habían sufrido maltrato por policías.

El Congreso debería promulgar un proyecto legislativo que establecería la obligatoriedad de las audiencias sobre prisión preventiva en todo el territorio del país, señaló Human Rights Watch, y otro proyecto, también bajo análisis, que dificultaría la posibilidad de encubrimiento policial de ejecuciones ilegales.

El Congreso también debería rechazar un proyecto de enmienda constitucional para permitir que jóvenes de 16 y 17 años sean juzgados y penados en las mismas condiciones que adultos, así como un proyecto antiterrorista con lenguaje impreciso que podría usarse indebidamente para procesar como terroristas a manifestantes y otras personas que expresen disenso, y cuyas disposiciones también cercenan la libertad de expresión.

Al menos siete periodistas y blogueros fueron asesinados durante 2015. Todos habían informado sobre corrupción o delincuencia, y habían criticado a políticos locales.

En el ámbito internacional, Brasil mantiene su rol de liderazgo en materia de derechos a la privacidad, y durante los últimos cinco años duplicó el número de refugiados procedentes de Siria y otros lugares a los cuales dio acogida. Sin embargo, en 2015 Brasil tuvo un desempeño inconsecuente como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU. Se abstuvo en una importante resolución que condenó las violaciones de derechos humanos en el conflicto sirio y también en otra resolución para renovar el mandato del relator especial sobre Irán, quien ha criticado enérgicamente las violaciones de derechos humanos en ese país. Sin embargo, en junio Brasil aprobó una resolución sobre Siria de contenido similar al de aquella sobre la cual se había abstenido en marzo, aduciendo que la nueva resolución se refería en términos más enérgicos a los abusos de grupos armados de oposición, incluido el Estado Islámico.